La UE permite que los jueces españoles puedan paralizar los desahucios

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que la ley española que se encarga de las ejecuciones hipotecarias (es decir, los desahucios) no es compatible con la ley europea y añade que viola la normativa comunitaria de protección a los consumidores. La razón principal de que la ley española sea considerada abusiva por el Tribunal es que no protege a los deudores. Hata ahora, en nuestro país, los propietarios de los hogares que vayan a ser desahuciados no pueden emprender acciones por daños y perjuicios contra el banco antes de que se lleve a cabo la ejecución; y los jueces por su parte, tampoco pueden tomar medidas para intentar detener el desalojo. A partir de hoy, la UE permite a los jueces paralizar los desahucios si estos son considerados abusivos.

El origen de esta decisión fue la cuestión planteada por José María Fernández Seijo, magistrado del Juzgado mercantil número 3 de Barcelona, de si era compatible con la legislación europea un caso sucedido en 2007, en el que CatalunyaCaixa desalojó a Mohamed Aziz de su casa además de exigirle toda la deuda hipotecaria. El inquilino dejó de pagar sus cuotas y el banco inició la ejecución llevando a cabo una subasta pública de la vivienda. Una vez que Mohamed fue expulsado de su casa, este pidió que el banco eliminase los intereses de la deuda y la paralización del desahucio. La ley española impidió que un juzgado pudiese parar el proceso de ejecución

La sentencia del Tribunal era esperada por el Gobierno español, que tendrá que tenerla en cuenta para aprobar la nueva ley de desahucios que está a la espera de aprobarse en el Congreso. El Partido Popular ya decidió atrasar la tramitación de esta ley a la espera de la sentencia de la UE, actuación por la que fue criticado por algunos grupos parlamentarios que se cuestionaban si el PP estaba realmente interesado en quitar poder a las entidades financieras frente a los desahucios. La tramitación de esta ley se unirá con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendía aprobar la dación de pago, es decir, dar la vivienda al banco pero sin tener que seguir pagando la hipoteca de esa vivienda.

Esta noticia puede resultar un alivio para aquellos que corran el riesgo de ser desahuciados pero la revista Jot Down va más allá y subraya que la Sentencia no permite que no se pueda expulsar de sus casas a cualquiera que ocupe una vivienda sino que refiere a “las ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo por acreedores profesionales”. Por tanto cuando se vaya a llevar a cabo una ejecución por parte de un acreedor profesional (como un banco), el perjudicado tendrá que decir cual de las cláusulas del contrato son abusivas. Destaca también la revista que esta sentencia tiene un inconveniente, ya que pronostica que las personas propietarias de viviendas que estén en mala situación económica demandarán para retrasar esas ejecuciones; sin embargo, las deudas no desaparecerían sino que aumentarían saturando así el sistema judicial español (un sistema que ya está colapsado) mientras la gente viviría en sus casas sin seguir pagando la deuda contraída con el banco.

[PDF] La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

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